La denuncia fue presentada por la cartera de Seguridad luego de una investigación que se inició por las llamadas recibidas a la línea 134, con acusaciones anónimas y otras hechas por personas que se identificaron, quienes manifestaron que los amenazaban con perder las asignaciones y planes.

Las modalidades denunciadas consisten en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligándolos a asistir a estas últimas, como la del 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de “dar de baja al Plan Potenciar” o de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como “castigo” por no asistir, entre otras situaciones similares.

Las denuncias fueron formuladas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también desde la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones, Chaco y Jujuy, entre otras.

Luego de especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece “la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático”.

En base a esto, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados: Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Diana Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatríz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Marubel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elene Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

Además de los mencionados, la investigación también llegará a quienes con el avance de la pesquisa resulten identificados como autores, coautores, cómplices o encubridores de los delitos de “amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado”, y los que surjan con las medidas a desarrollarse, como podría ser el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Penal.

Fuente: DP